Revista de Acción Educativa, nº 107
¿Para qué escribe uno sino es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón…?
Estas palabras de Eduardo Galeano son un reflejo fiel de las intencionalidades políticas y educativas del Partido Popular. La LOU y la llamada Ley de Calidad, no son sino las últimas leyes de un partido que desde su misma llegada al poder se ha caracterizado por un ataque virulento, brutal, sistemático, sin ningún tipo de ambages contra la Escuela Pública.
Vivimos un momento especialmente delicado para el futuro de la educación en nuestro país. Las transformaciones sociales, culturales y económicas acaecidas en los últimos años exigen de toda la sociedad una mirada crítica, una mayor atención y una acción determinada y decidida que garantice el éxito de todos los retos que ya estamos afrontando. Y de los que nos esperan.
Son momentos delicados, decía, Por ello no podemos olvidar de donde viene y quien procura el daño. En primer lugar tenemos el deber de recordar que, ya en 1998, el mismo Defensor del Pueblo, Don Fernando Álvarez de Miranda –nada sospechoso de izquierdismo– denunció el grave deterioro que estaba sufriendo la Escuela Pública. Desde el mismo instante de la llegada al poder del Partido Popular los agravios surgidos se han venido sucediendo, uno tras otro, como una dolorosa letanía: cierre continuado de aulas de centros públicos, continuos conciertos con centros vinculados al Opus Dei que mantienen una política segregadora según el sexo de sus alumnas y alumnos, eliminación de conciertos con centros concertados de orientación laica, estrangulamiento total y efectivo de la puesta en marcha de la LOGSE en la Educación Secundaria, el famoso decreto de mínimos, el ignominioso decreto de admisión de alumnos… hasta la llegada de las sonrojantes leyes que ahora pretende poner en marcha.
La pomposamente autoproclamada Ley de Calidad, es un meridiano espejo de la ideología neoliberal y mercantilista, seguida por la corriente dominante del pensamiento único –aquella que aseveraba que se había producido ya el fin de la historia– según la cual todo, absolutamente todo, también lo cultural y educativo sólo poseen matices meramente económicos.
En este planteamiento subyace una ideología conservadora que favorece las desigualdades sociales en la que los más desprotegidos nada cuentan.
Lo que el Partido Popular llama Ley de Calidad no es si no el ataque más brutal imaginable contra la Escuela Publica, de calidad, laica, democrática, multicultural, atenta a la diversidad que hemos presenciado hasta ahora.
Desde que las fuerzas progresistas de la sociedad española impulsaron y desarrollaron la misma LODE y consagraron el derecho universal de todas y todos a la educación, los ataques de las fuerzas más reaccionarias, se han sucedido, casi sin tregua. Y es difícil olvidar las algaradas, la reacción maniquea con las que la Derecha y la Iglesia recibieron la misma LOGSE. ¿A quién se le ocurrió hacer una Ley no segregadora, universal, comprensiva al alcance de todos, incluso de los que nada tenían? Fue cuando, con la pérdida de sus privilegios, comenzaron a preocuparse por la educación. Es cierto que la LOGSE necesita ciertos reajustes, de mayor financiación para completarla, pero nunca en el sentido que el MECD propugna, ya que de este modo los problemas no harán otra cosa que multiplicarse.
Y esta preocupación vuelve a manifestarse ahora en lo que llaman Ley de Calidad. Que lo es. Pero sólo para algunos. Los de siempre. Y han vuelto su mirada a los años sesenta, ignorando que la sociedad española ha cambiado.
¿Cómo puede desarrollarse una ley de estas características sino ha existido un diagnóstico previo y serio de la situación en la que se encuentra la enseñanza? ¿Cómo puede imponerse sin diálogo ni transparencia, una nueva ley cuando todavía no se ha desarrollado la LOGSE en su totalidad y nada se saben de sus aciertos y sus errores?
El simplismo del análisis del partido en el gobierno resulta patético y no se resuelven los problemas sociales que subyacen de fondo.
De la nueva Ley son muchas las cosas que nos irritan:
Si el país de Avivan las cadenas y Fernando VII hubiera hecho la Revolución, como nuestros vecinos franceses y hubiera enarbolado la bandera de la “Libertad, Igualdad, Fraternidad” el estandarte del laicismo ondearía en todas nuestras aulas. Pero hete aquí que en pleno siglo XXI, todas y todos nos vemos condicionados por la prepotencia de una iglesia arcaica, que se resiste a perder sus decimonónicos privilegios y la aquiescencia de un poder político que pretende, porque ni sabe ni puede, perpetuar esta situación. Las sucesivas sentencias de los sucesivos Tribunales de Justicia parecen importarle bien poco a la señora Ministra y al partido que la sustenta.
Parece increíble que en el año 2002 tengamos que recordar que, precisamente porque reconocemos y valoramos la totalidad de las culturas y religiones que conviven en nuestro Estado de Derecho, y porque defendemos una Escuela pluralista y multicultural, seguimos abogando, como hicimos en 1995, cuando el PSOE tampoco se atrevió a solucionar el tema, que la religión se debe realizarse fuera de las escuelas y que deben ser cada una de las iglesias, las que la lleven a cabo sus enseñanzas.
Nos parece fuera de recibo que el pretendido derecho de unos alumnos a recibir unas clases de religión, conlleve para otros la obligación de una nueva asignatura y que ambas tengan valor académico. La alternativa será el estudio de los valores constitucionales y democráticos. Es un insulto pensar que lo que la señora Ministra pretende decirnos es que los valores de la iglesia –una de ellas, que parece ser la única– tienen un rango superior –o similar– a la Constitución.
Con respecto a la Educación Infantil denunciamos que se produce un desmantelamiento de los logros conseguidos por las profesoras y los profesores que imparten clase en este ciclo. El ciclo de 0–3 va a tener un mero carácter asistencial. La Señora Ministra y su maravillosos equipo de Gobierno desconocen –quizás obren de mala fe–, que estos años son importantísimos para el desarrollo optimo de los más pequeños, para que crezcan en un clima de confianza y afecto que les proporcione seguridad, estabilidad, riqueza de estímulos…
El ciclo 3–6 va a tener carácter obligatorio. Ya están multiplicando los conciertos con los colegios privados. No se quiere fomentar la Educación Pública, igualitaria para todos. Evitemos que la escuela sea la compensadora de las desigualdades sociales dicen, piensan, hacen… A nuestro gobierno tan entusiasta él, del libre mercado volvemos a recomendarle su propia receta. Los fondos públicos para las empresas públicas, los fondos privados para las empresas privadas. Ay, el laicismo, el laicismo… (otra vez la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad, Fraternidad).
Por otro lado en la realidad y en la práctica los itinerarios suponen un proyecto segregador que cercena de raíz el derecho ciudadano a la educación. Entiendo que debe ser demasiado complicado para la Señora Ministra y sus compañeros de gobierno entender algo tan sencillo como esto: que el futuro de un país está estrechamente ligado al nivel educativo y cultural de TODOS sus ciudadanos, de TODAS sus ciudadanas, no solo de unos pocos.
Es decir, que el único modo de lograr una Escuela democrática y de calidad se consigue atendiendo –también– a los que tienen mayores dificultades personales, familiares, culturales… para aprender, ofreciéndoles, incluso más oportunidades que los que más motivación tienen. Es decir que las diferencias enriquecen. Al eliminar el logro de la comprensividad, se consagra de facto la expulsión del Sistema educativo de aquellos alumnas y alumnos que tienen más dificultades. Lo que es una autentica losa para todas y todos.
Ni el fracaso social ni el escolar se evitan con estas medidas, que generan más frustración y más descontento. Ni la comprensividad ni la atención a la diversidad tienen cabida en esta Ley, que tiene una sabor rancio y tradicional. Una visión reduccionista de la educación y su importancia en la que todo se supedita al examen, y ninguna importancia tiene el proceso de trabajo, los hábitos y las actitudes, los valores…
También es profundamente antidemocrática en sus manifestaciones más importantes. No solo porque presenta una función jerarquizada de la enseñanza y rescate figuras obsoletas que creíamos felizmente olvidadas, También porque anula el protagonismo de los Claustros de profesores y de los Consejos Escolares. El director resulta de nueva la correa de transmisión del gobierno de turno. La autonomía de los centro y su incardinación con el entorno en el que estén inmersos, saltan por los aires…
En vez de volver a hablar de estas figuras rescatadas de la noche de los tiempos, nos hubiera gustado encontrarnos con una mirada más atenta al profesorado y a las necesidades pedagógicas y didácticas que este tiene. Que en vez de cargar las tintas en fracasos inexplicables hubiera abordado la urgente Reforma de la Formación Inicial del Profesorado. ¿Para cuando la Licenciatura de los maestros? Que hubiera potenciado la formación didáctica y pedagógica de los licenciados. Sin olvidarnos de un aspecto fundamental, vieja aspiración que esta Ley ignora: EL CUERPO ÚNICO DE ENSEÑANTES.
En definitiva una Ley que tiene demasiados tiotes autoritarios, que no viene acompañada de una Ley de Financiación y que nos retrotrae a una época y a unos modos de hacer que creíamos ya felizmente olvidados.
