Revista de Acción Educativa, Nº 111 bis
La LOCE ya es ley. Y desde el 24 de diciembre figura con todos los honores en el Boletín Oficial del Estado.
Desde Acción Educativa hemos denunciado reiteradamente en los últimos años el gravísimo retroceso educativo que esta ley supone y el enésimo varapalo que con su puesta en marcha vuelve a sufrir la maltratada Escuela Pública. Asimismo hemos analizado y puesto de manifiesto exhaustivamente en distintos foros y documentos las negativas implicaciones que conlleva.
A Acción Educativa el tema de la enseñanza de la religión le preocupa desde sus mismos orígenes. En 1995, en enero, publicamos un editorial en el que nos pronunciábamos sobre este problema que tantos debates sigue suscitando en la sociedad española.
Hace diez años ya evidenciamos, pues, el descontento que nos produjo aquel infausto decreto de diciembre de 1994 y señalamos que el origen de esta polémica no resuelta, estaba en la reedición entre los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en enero de 1979, –que el Partido Socialista, reprodujo vergonzosamente– reedición del famoso Concordato de 1953 que sirvió para preservar los privilegios de la Iglesia Católica y dar carta de aparente legitimidad internacional al régimen franquista.
Al criticar ya entonces aquel Real Decreto de Ley reiterábamos “…nuestro compromiso con un hecho incuestionable: la pluralidad de culturas y confesiones existentes en el Estado español, defendemos una escuela pluralista, respetuosa con las diferentes opciones ideológicas y religiosas existentes en un Estado de Derecho como el nuestro. Por ello abogamos por que el estudio de la religión se realice fuera del ámbito escolar y que sea cada religión la encargada de llevarla a cabo.”
Por muchos y diversos motivos que ya analizamos entonces nos irritó el decreto, a pesar de las buenas palabras y el talante menos agrio de Alfredo Pérez Rudalcaba, a la sazón Ministro de la Presidencia.
Llegados a este punto tenemos que volver a denunciar la gravedad de la LOCE y su desarrollo normativo, en un viraje sin precedentes a la noche de los tiempos. El Partido Popular ha puesto, a la sociedad española a un paso del nacionalcatolicismo, y como veremos más adelante esta idea no es ninguna hipérbole.
Aquella época que creíamos felizmente superada planea de nuevo como una sombra negra sobre la sociedad española. Un tiempo que creíamos felizmente superado es puesto, de nuevo, ante nuestros atónitos ojos.
La legislación actual es en muchos puntos más regresiva que aquella, ya que mantiene los seculares privilegios de un Iglesia como la católica a pesar de las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo desde 1994 y de la aconfesionalidad del Estado español.
En esta legislación se conservan intactos e incólumes los privilegios que el Concordato de 1953 concedía a la iglesia católica por los servicios prestados en su apoyo a la Santa Cruzada. “…por esa tradición milenaria de unidad religiosa que diera a la patria tan limpias glorias.” Así se sigue reconociendo el derecho a seleccionar al profesorado que ha de impartir esta materia, –aceptarlo, cesarlo, expulsarlo según el libre albedrío de la católica jerarquía–, eso sí pagado con dinero público; se sanciona la potestad para elaborar los dictámenes para la aprobación de “sus” libros de texto, la obligatoriedad para todos los alumnos y alumnas de la materia de religión o de su clónica “Sociedad, Cultura y Religión”, los criterios de evaluación, de repetición de curso a causa de estas asignaturas…
La disposición adicional segunda de la LOCE, violenta de modo fragante la libertad de pensamiento y conciencia que consagran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Los Derechos del Niño o la Constitución española, por ello la rechazamos taxativamente.
Se vuelve a penalizar, de nuevo, a aquellos alumnos y alumnas que no opten por la enseñanza de la religión católica –por supuesto–, obligándoles a cursar una materia alternativa evaluable ya recogida en las distintas áreas humanísticas del currículum. No es de recibo que el pretendido derecho de un grupo de ciudadanos se convierta en una obligación para otro sector de la población.
La enseñanza de la religión y de su alternativa clónica constituye un intento cicatero de adoctrinamiento indiscriminado de un grupo de presión, agravado por la disminución en el horario lectivo de áreas científico–tecnológicas, humanísticas, artísticas o físicas…
La disposición adicional segunda de la LOCE y la propuesta que sobre los contenidos del área «Sociedad, Cultura y Religión», quiebra la posibilidad de que los padres o los alumnos opten por una enseñanza laica, al margen de cualquier confesión religiosa, lo que vulnera varios derechos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional.
Conforme a la Constitución Española y a la Declaración Universal de los derechos Humanos, defendemos la educación en valores civiles ya que la formación en la ética civil garantiza el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, asegura la neutralidad de las instituciones públicas, responde al carácter aconfesional del Estado español y se opone al dogmatismo y autoritarismo de la ética religiosa.
Por todo ello, y ante este nuevo ataque a la enseñanza y a la sociedad civil continuamos manifestándonos contrarios al carácter obsoleto de un Concordato incongruente con nuestra Constitución. Y por ello, y desde nuestro más profundo respeto a libertad ideológica, nos manifestamos a favor de un modelo laico de enseñanza que sea el principal garante de la educación en valores.
