Los primeros años de la vida son, desde el punto de vista neurobiológico y psicopedagógico, la base del desarrollo físico y de la personalidad global. Todos los estudios científicos al respecto lo avalan y la neurociencia no cesa de aportar datos que constatan la trascendencia de las primeras impresiones que recibe y experimenta el ser humano. Esto significa que la educación de estas edades es esencial e inseparable de las condiciones en que se produce, sin que sean aceptables debates dualistas e hipócritas sobre atención-educación que en su sustrato ocultan intereses espurios y ajenos a las necesidades infantiles.
En el desarrollo de las funciones que les son propias, las familias, en general, compensan un lógico desconocimiento profesional con el amor incondicional que sus hijos e hijas perciben y que les apuntala en el proceso de su crecimiento y de su aprendizaje. Ser profesional de la educación de estas edades tiene su propia función y ésta no implica sustituir la de esas familias sino poner en práctica una altísima misión educadora, en colaboración con aquéllas pero desde su lugar. Ello requiere un determinado perfil profesional, obtenido gracias a una formación inicial sólida y a una inquietud, ganas de conocer y de ampliar sus conocimientos constantes que permitan el desarrollo de un alto nivel de competencias personales, profesionales y académicos.
Es por tanto un engaño a las familias, a la sociedad, y supone un desprecio a las criaturas, mantener y propiciar, con el ninguneo de este ciclo, la atribución social de que cualquiera puede impartirlo sin precisar de demasiados conocimientos, en espacios no pensados desde un punto de vista psicopedagógico y con unas ratios inapropiadas por lo excesivas.
Parece que el debate actual en torno a 0-3 pretende centrarse sólo en la extensión de la oferta, pero en Acción Educativa creemos que, junto a ella, los anteriores criterios de calidad son imprescindibles y que su marco natural es la etapa única de Educación Infantil creada por la LOGSE. Su mala aplicación en muchas Comunidades ya inició un ostracismo que la LOCE sancionó, devolviendo de nuevo a su primer ciclo al carácter asistencial y no educativo de la etapa franquista. La LOE actual, a pesar de sus declaraciones y con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, lo ha bendecido en la práctica al no regularlo con las mismas características que al resto de niveles, al dispersarlo y al propiciar su destrucción.
La situación del 0-3, la edad más vulnerable, es más grave de lo que parece, y ello al amparo de la legislación en vigor. Por ello queremos pedir reflexión y cordura a nuestros gobernantes para que corrijan el descalabro que sufre este ciclo, el que ellos mismos han propiciado. Conocer esta situación es imprescindible.
La oferta de plazas públicas existentes no se acerca para cubrir la cantidad de demanda en el 0-3 y las Comunidades Autónomas, y en concreto la de Madrid, no tienen voluntad política de mantener, extender y mejorar la calidad de la red educativa pública.
La red privada, que crece sin parar al amparo de esa carencia, ve favorecida la impunidad en que se encuentra porque, gracias a las constantes prórrogas reflejadas en la sucesión de Leyes Educativas, nunca acaban de serle exigidos a sus centros los requisitos mínimos. Así, salvo algunos casos de calidad contrastada que merecen ser llamados Escuelas Infantiles, existe una enorme cantidad de locales concebidos exclusivamente para el lucro de quienes los regentan. La opción privatizadora y economicista de los “cheques escolares”, instaurada entre otras en nuestra Comunidad, se camufla bajo la apariencia de “libertad en la elección de centro”, dando apoyo institucional a esas actividades privadas; dinero público que se está utilizando para mantener negocios sin garantías en lugar de crear las suficientes plazas públicas, las que en primer lugar demandan las familias de modo masivo por su calidad contrastada.
Se propicia también en los decretos autonómicos aparecidos la consolidación de una nueva Doble Red, la que ofrece la posibilidad de no solicitar ser reconocidos como centros educativos a muchos negocios privados sin control pedagógico alguno. Se consolida así una red asistencial que no cumple con las condiciones más elementales. Todo un “chollo” para empresarios que sólo montan un negocio como fuente de ingresos, que “accidentalmente” tiene que ver con niños y niñas de 0-3. Amparada con frecuencia en nombres como “ludotecas”, que actúan como auténticas guarderías, “centros infantiles” y otros similares, crece con el beneplácito de la Administración y, en ocasiones, subvencionada con dinero público.
Cuando, en el mejor de los casos, se extiende la oferta pública con nuevas Escuelas, la opción exclusiva en Madrid está siendo la gestión indirecta de los nuevos centros, lo que va en contra del sentido de la Administración Educativa: dar en régimen directo el Servicio Público de la Educación. Potenciada también por la LOE, tiene que ver con el interés económico suscitado por el menor coste de la gestión indirecta para las arcas públicas. Las plicas de los concursos de adjudicación se interesan cada vez menos por el carácter educativo de los centros. En Madrid se ha pasado de poner el peso específico en el proyecto pedagógico que se presenta para concursar (antes 12 puntos y ahora 8), a igualarlo con los proyectos económico y de gestión (8 puntos para cada uno) y a desequilibrarlo con un nuevo apartado que recibe también 8 puntos. Éste incorpora un nativo de inglés en la plantilla, para el que no se exige formación alguna y sin conllevar aumento alguno del módulo económico, lo que supondrá disminuir el sueldo del resto del equipo, que ve así cómo su emoción pedagógica se va ahogando por la imposibilidad de vivir, con dignidad, de su trabajo docente. Un planteamiento pedagógico digno, mantenido hasta ahora sólo por el sacrificio económico de sus profesionales que ven como sus salarios y condiciones laborales se distancian cada vez más de las que rigen la gestión directa, acabará así por ser inviable.
En estas condiciones impuestas por las Administraciones, las empresas de ocio y tiempo libre y las de servicios generales están avanzando camino pues no tienen ningún reparo en aceptar convenios con presupuesto insuficiente. Las vías utilizadas para viabilizarlo son reducir los sueldos de un personal con menor preparación abocado a una enorme movilidad, y reducir los gastos pedagógicos y de seguridad. El precio es la no cobertura de las necesidades educativas de estas edades.
El Art. 15.4 de la LOE cierra el círculo de la sinrazón al permitir, a centros concertados, impartir tramos del 1º ciclo de Educación Infantil. Este planteamiento propicia el chantaje de los centros concertados, que supone garantizar a las familias la plaza en el nivel siguiente, siempre que escolaricen a sus hijos e hijas en estos tramos previos. El resultado será la ruptura final del ciclo 0-3, determinando la carencia masiva de plazas de 0-1 año puesto que, al ser las más caras, serán las que no se ofrezcan en estos centros. Las leyes educativas de los últimos años han mantenido, y aumentado, enormes desigualdades.
En la propia Red pública, el ciclo depende, según las Comunidades, de Consejerías tan diferentes como Bienestar Social, Igualdad y Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades, Política Social, Mujer e Inmigración o en el mejor de los casos, los menos, de Educación. Este último es el caso de Madrid, heredado de la etapa política anterior, aunque no sabemos por cuanto tiempo. La diversidad de situaciones autonómicas en la que se encuentran sus profesionales resulta escandalosa, tanto por las titulaciones (desde Magisterio o Técnicos Superiores hasta Auxiliares de puericultura o habilitaciones sin más) como por las condiciones laborales y los sueldos que se pagan por trabajos semejantes (desde lo estipulado para Magisterio hasta 400 euros para apoyos con 8 horas de trabajo). A ello se añade la imposibilidad, por el Art. 92 de la LOE, de planificar su propia práctica: ironía triste para un “personal con la debida titulación” (LOE Art.92).
Las ratios o relaciones adulto-niño oscilan también en las distintas Comunidades y los espacios, exteriores e interiores, tienen una alta variabilidad reduciéndose en los denominados “centros incompletos” a la inexistencia. Esto ocurre en Madrid con el patio de recreo; en estos centros se permite utilizar, para dicha función, espacios exteriores a los mismos, con tal de que los niños y niñas no tengan que tomar “transporte escolar”. Hay escuelas públicas que, a tenor de la concentración urbanística, se ubican en semisótanos. ¡Estamos hablando de niños y niñas de 0-3 años!
Los currículos que han ido apareciendo tras la LOGSE para estas edades también contemplan una gran diversidad, y traducen con frecuencia el enorme desconocimiento de los niños y niñas de 0-3 por parte de quienes los han elaborado, así como su empeño por separar definitivamente 1º y 2º ciclo de la Etapa (0-3 y 3-6 años).
En esta insoportable situación para los niños y niñas españoles de 0 a 3 años, el Artículo 14.7 de la LOE, al derivar a las Comunidades Autónomas la regulación absoluta de este tramo de edad, consagra las desigualdades, en contra de la LODE en vigor, y atenta contra los derechos de la Infancia. Si el establecimiento de mínimos comunes para todo el Estado se consideró bueno para todas las Etapas y niveles educativos, ¿por qué siéndolo también el primer ciclo no se puede beneficiar de ello?, precisamente el nivel más vulnerable. Las declaraciones de Jesús Caldera, ministro de Trabajo, no vienen sino a sancionar esta situación al pretender ofrecer la “red de guarderías”, según su expresión, como fondo de empleo y en calidad de “cuidadoras”, para las mujeres de más de 45 años que no han accedido al mundo laboral. No es casual que se ofrezca desde Trabajo, es mucho más barato que hacerlo desde Educación y se “matan” dos pájaros de un tiro, la cuestión es cómo. Y Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, sin contestar…
Venimos denunciando esta gravísima situación desde hace tiempo por lo que, como miembros de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid, iniciamos hace meses un movimiento de unidad, de familias y profesionales, en defensa de la integralidad de la etapa de Educación Infantil, y ahora especialmente del 0-3. Éste se aglutina en la Plataforma de Madrid por la Defensa del 0-6, nacida en Acción Educativa, al tiempo que trasciende lo Autonómico, al aglutinarse con otras Comunidades en una Plataforma Estatal. Nuestras aspiraciones se recogen en un Manifiesto con peticiones al Gobierno Central, apoyado en 10 comunidades y suscrito por más de 10.000 firmas.
En Acción Educativa creemos, como miembros de esas Plataformas, que el necesario aumento de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil ha de darse junto a la calidad educativa necesaria para los niños y niñas, y ha de enmarcarse en las características de la Etapa de la que forma parte. Este marco sólo lo puede ofrecer el Estado mediante la figura de Reales Decretos que ordenen este ciclo educativo protegiendo la igualdad de derechos de todos los niños y niñas de estas edades, de sus familias y de sus profesionales y nos justifica para exigir a nuestros gobernantes estatales que asuman su responsabilidad.
El respeto por la dignidad de la educación infantil y su mejora requieren nuestra unidad y merecen todos nuestros esfuerzos.
