UNA BUENA NOTICIA
En medio de tanta pesadumbre representa una gran satisfacción que el martes 9 de junio se haya aprobado en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
Tras más de treinta años de haber ratificado la Convención de los Derechos de los Niños, comprobamos que en demasiadas ocasiones esos derechos no se respetan. Por tanto, era necesario adecuar el marco vigente, de 1996, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a España: “garantizar de manera homogénea los derechos del niño en todo el territorio y reforzar el interés superior del niño como principio rector de la legislación”.
Este anteproyecto de ley ha sido ampliamente consensuado con las organizaciones de Infancia desde 2011 y ha habido una notable participación social, introduciendo cambios que mejoran el marco normativo.
El interés superior del niño cobra más importancia, ya que dicho interés se tendrá que determinar para cada caso en particular y se establecen el proceso y los criterios para hacerlo.
Se refuerza el derecho de los niños a ser escuchados y a participar en todos los asuntos que les conciernen. Este es, desde nuestro punto de vista, uno de los derechos más incumplidos.
Hay mejoras significativas en la protección de los niños frente a la violencia, por ejemplo, a los hijos de víctimas de violencia de género se les considera igualmente víctimas y se pretende impedir que las personas con antecedentes por delitos sexuales trabajen con niños.
Se regulan de forma concreta las situaciones de riesgo y desamparo y se da prioridad al acogimiento familiar frente al residencial cuando un niño o una niña necesiten protección fuera de su familia de origen. También se establece claramente el funcionamiento de los centros de protección de menores con problemas de conducta.
La ley incluye aspectos exigidos por la sociedad civil, como son:
- el aumento del plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra niños y niñas,
- la obligatoriedad de protocolos de prevención y protección frente a la violencia en escuelas y centros deportivos,
- el refuerzo del deber de comunicación de actos de violencia,
- la obligatoriedad de grabar un único interrogatorio al menor víctima de un delito como prueba (para evitar su revictimización en el juicio),
- se establecen nuevos delitos cometidos a través de internet y que tienen a los menores como víctimas principales,
- la creación de la figura del responsable de protección en los centros escolares y
- se propone la especialización en materia de infancia de uno de los adjuntos del Defensor del Pueblo.
La ley presenta algunas debilidades que deben corregirse, como la protección de los menores extranjeros no acompañados, que no se concreta lo suficiente, o la falta de asignación presupuestaria para su puesta en marcha.. Consideramos que la dotación de recursos humanos y materiales es imprescindible.
La violencia de distinto tipo es una realidad en la vida de muchos niños y niñas y para algunos esta situación se ha agravado con el Covid.
Desde Acción Educativa nos unimos a las organizaciones de infancia en su petición a los grupos parlamentarios de que apoyen con carácter urgente la tramitación de esta ley.
